Carta Abierta por Santiago del Estero /1

 Hemos reiniciado un camino de pensamiento y compromiso con las transformaciones impulsadas en el ámbito nacional desde la asunción de Néstor Kirchner. Un camino que tuvo ya en Santiago algunos inicios anteriores, que deseamos proseguir. Así es que constituimos CARTA ABIERTA SANTIAGO DEL ESTERO para sumar nuestra voz al debate público por una democracia cada vez más inclusiva, más igualitaria, más justa.

Los y las integrantes de Carta Abierta participamos en distintos espacios de pensamiento y de trabajo: universidades, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, agrupaciones partidarias, medios de comunicación, organismos del Estado, gremios o bibliotecas, y otros. Allí aprendimos la necesidad de promover miradas críticas y discusión democrática de los asuntos públicos, como condición básica de una ciudadanía plena.

Queremos aportar nuestra mirada sobre la realidad santiagueña, con el ánimo de contribuir a la identificación de problemas estructurales o coyunturales y a la propuesta de soluciones.

Carta Abierta expresa su reconocimiento y respeto a todos los actores que diseñan y ejecutan las tareas de gestión pública desde el Estado y las organizaciones de la sociedad, y sólo desea aportar, en la medida de sus posibilidades y limitaciones, a ese necesario diálogo-inter-pares que reclama la construcción cotidiana de la política.

Y queremos hacerlo en sintonía con las Cartas Abiertas del resto del país, pero desde la especificidad de nuestra preocupación por Santiago del Estero.

Valoramos como positivo el acuerdo que mantiene el gobierno provincial con las políticas del gobierno nacional que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. Esa alianza ha contribuido a saldar en parte, la deuda histórica que mantiene la Nación con Santiago del Estero, por cuanto la provincia ha sido receptora de las políticas públicas nacionales de inclusión social, de promoción de los derechos humanos y de generación de empleo y desarrollo.

Valoramos las iniciativas que ha mostrado el gobierno provincial con diversos actores, en torno a cuestiones sensibles de la problemática santiagueña, dando lugar a una diversidad de mesas de diálogo y trabajo con campesinos, docentes, jubilados, trabajadores; y a la creación de organismos que empiecen a dar respuestas, tales como el Comité de Emergencia para situaciones de conflicto, el Registro de Poseedores de tierras, la Dirección de Género, el Instituto Espacio de la Memoria, o el Consejo Provincial de Políticas Públicas sobre DDHH.

Valoramos el avance en la transformación sustancial de la infraestructura productiva y de servicios en el campo y en las ciudades, así como las iniciativas tendientes a poner en marcha un Plan Estratégico Industrial.

Valoramos los intentos de reforma y capacitación iniciados en las instituciones de seguridad con el aporte de importantes expertos en el área invitados por el Consejo de Políticas Públicas sobre DDHH.

Valoramos la implementación de la reforma procesal penal en el ámbito de la Justicia con apoyo del INECIP.

Este reconocimiento y valoración no nos impide visualizar lo que falta y lo que podría mejorarse, y su señalamiento crítico apunta a fortalecer el camino que apoyamos, y no a debilitarlo.

En ese sentido, creemos necesario apuntar aquellos temas que consideramos imprescindible afrontar de manera inmediata, con la misma voluntad política que inspira el proceso iniciado por el kirchnerismo.

1. El problema de la tenencia de la tierra. Es el problema estructural más importante de Santiago, y mientras no se lo aborde políticamente constituirá un factor permanente de injusticias, desigualdades y violencias para con los más débiles en la estructura social.

Miles de familias campesinas e indígenas viven todavía en la mayor inseguridad, temiendo ser desplazados de sus lugares de origen y trabajo en cualquier momento. Su suerte depende de un plan político sostenido y de largo alcance que efectivice el derecho a la regularización dominial y que se acompañe de políticas de desarrollo respetuosos de las distintas identidades productivas.

Es necesaria pues una respuesta política, largamente postergada, que asegure la titularidad en el dominio de las tierras a las familias que acrediten sus derechos posesorios. Para ello, es necesario conformar una instancia provincial de coordinación interpoderes que tenga la capacidad técnica y política de abordar un problema tan complejo como el del ordenamiento territorial.

Como medida urgente proponemos la inmediata suspensión de todo desalojo por un lapso que permita avanzar en acuerdos políticos para promover un reordenamiento territorial con inclusión social. Un importante punto de partida es la operativización de las propuestas que integran los 10 puntos del acuerdo firmado en el mes de Julio de 2010 entre el gobierno provincial y la totalidad de las organizaciones campesinas e indígenas de la provincia.

2. El modelo de desarrollo. Creemos inconveniente la adopción de prácticamente un único modelo de desarrollo productivo modernizador y excluyente que deja afuera a un importante número de pequeños productores y emprendimientos del campo y de la ciudad que necesitan de un apoyo más decidido de las políticas públicas de promoción y asistencia. No sólo son necesarias las grandes obras de infraestructura o el aliento a la inversión empresaria extraprovincial, especialmente en el sector agropecuario, sino que también es necesario asegurar un crecimiento económico que contemple un modelo de desarrollo sustentable y de mayor equidad distributiva. El apoyo al desarrollo local y a la población rural es imprescindible.

Por otro lado es necesario incorporar la perspectiva de los diferentes sectores sociales y económicos en la formulación de un Plan Estratégico Provincial de carácter integral, que vaya más allá de un Plan de Gobierno que solamente contemple la realización de obras de infraestructura (seguramente necesarias). Se trata de que esas obras sean aprovechadas por todos los sectores, incluyendo aquellos más vulnerables de la población.

3. La gestión de la conflictividad social y del delito. La invisibilización del conflicto social, lejos de solucionar los problemas, los agrava. Gran responsabilidad les cabe a los medios de comunicación que terminan desinformando o manipulando la agenda en función de sus intereses particulares. Pero el Estado defiende intereses públicos, y en función de ellos, puede encarar abiertamente las demandas canalizando por la vía del diálogo y el acuerdo las diferencias y las quejas, sin que éstas queden ocultas a la consideración pública.

Por otra parte, urge una transformación de las instituciones vinculadas a la seguridad como la Policía y el sistema carcelario, en la manera de comprender los problemas y de encarar su gestión. El fenómeno endémico de la tortura penitenciaria y policial debe ser atendido y revertido. La decisión política para desterrar estas prácticas es excluyente. Ante la sanción de la ley que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es necesario que el gobierno santiagueño se incorpore proactivamente al mismo como una manifestación política clara para excluir la tortura y los tratos degradantes.

4. La administración de justicia. Debe garantizarse el acceso a la magistratura y la permanencia en ella de las personas más capaces, mejor formadas y más independientes, sobre todo del poder económico, que continúa haciendo del Poder Judicial el objetivo principal de su dominio e influencia. La implementación de las reformas iniciadas en el proceso de administración de justicia deben ser acompañadas por magistrados formados jurídica y políticamente, pues deben hacerse cargo responsablemente del impacto de sus decisiones en el diseño de la convivencia social. Necesitamos jueces comprometidos activamente con la democracia y con los derechos humanos, lo que implica la sintonía de sus decisiones con las políticas de inclusión social y el reconocimiento operativo de los derechos de los más débiles.

5. El espacio público. No tendremos una democracia madura ni la posibilidad de sostener las transformaciones con apoyo popular mientras no fortalezcamos el espacio público y el debate político y social en la provincia. La invisibilización de ciertos temas, actores y debates del ámbito local, como consecuencia de la concentración del poder de agenda por parte de los sectores más poderosos, no son un problema de la coyuntura actual, sino un mal histórico y estructural que se ha sufrido en nuestra provincia, más allá de los cambios de gobierno y de sectores económicos dominantes. Apoyar activa y creativamente la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Santiago es un aspecto central para paliar este problema, como así también imaginar otras maneras que ayuden a democratizar la comunicación, las instituciones de pensamiento y de creación, promoviendo la posibilidad de debates argumentativos, la pluralidad de las voces, y la diversidad de las fuentes de información y canales de expresión.

Santiago del Estero, 16 de Diciembre de 2012,
a 19 años de la rebelión santiagueña contra el ajuste neoliberal.-

FIRMAN:

Pablo Álvarez, Alejandro Auat, Cecilia Canevari, Guillermo Chazarreta, Lucas Cosci, Rubén de Dios, Cristian Jara, Lidia Juliá, Antonio Kinen, Ana Teresa Martínez, Raúl Paz, Ernesto Picco, Homero Saltalamachia, Celeste Schnyder, Gastón Segura, Marisa Silveti, Alberto Tasso, Marta Terrera, José Vezzosi.